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Boletín de prensa 12 de julio de 2011
EL TIEMPO
EPS NIEGAN HASTA LAS ASPIRINAS, REVELA INFORME DE LA DEFENSORÍA
Los pacientes deben recurrir a tutelas para acceder a servicios básicos.
Documento afirma que casi siete de cada diez tutelas se interponen para reclamar servicios del POS.
El 97,1 por ciento de las citas médicas que los colombianos le reclamaron al sistema de salud el año pasado mediante acciones de tutela, están contenidas en el plan de salud al que tienen derecho; lo mismo ocurre con el 96,8 por ciento de los exámenes y el 84 por ciento de las cirugías.
"En general, el 65,4 por ciento de todos los servicios de salud que los afiliados solicitan por esta vía, hacen parte del plan de salud", concluyó la Defensoría del Pueblo en su informe 'La tutela y el derecho a la salud 2010', que dará a conocer próximamente.
Vale anotar que entre los servicios más negados se cuentan cosas tan elementales, como la aspirina (un analgésico que también se receta para evitar que se tapen las arterias); el oxígeno; el omeprazol (para el manejo de las úlceras gástricas y duodenales); los hemogramas (que son simples exámenes de sangre); los parciales de orina; los electrocardiogramas (para diagnosticar problemas cardiacos); las radiografías de tórax y hasta las quimio y radioterapias, para el tratamiento del cáncer. (Lea noticias sobre el desfalco a la salud)
Según el informe, en total el año pasado fueron presentadas 94.502 tutelas por salud; con este volumen, el de la salud sigue siendo el segundo derecho más invocado por los ciudadanos, después del de petición.
Antioquia, Valle del Cauca, Bogotá y Caldas concentran más del 50 por ciento de estas acciones, el 67,8 por ciento de las cuales se interpusieron contra las EPS de los regímenes subsidiado y contributivo. Les siguen los entes territoriales y las clínicas y hospitales.
Dentro del contributivo, las EPS Coomeva, Nueva EPS y Saludcoop fueron las más entuteladas, mientras que en el subsidiado (régimen que tuvo un incremento del 12,9 por ciento en el número de acciones con respecto al 2009), Caprecom, Asmet Salud y Emdisalud siguieron siendo las más demandadas.
Llama la atención el hecho de que la mayoría de las solicitudes contenidas en el POS que fueron negadas, corresponden al régimen subsidiado (64,8 por ciento), "lo cual es más que ilógico, porque el POS de este régimen es más limitado que el del contributivo; en otras palabras, los pobres, que son sus beneficiarios, tienen poco y encima se les niega", asegura Rodrigo Córdoba, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.
Vólmar Pérez, defensor del Pueblo, afirma que, pese a una leve reducción en el número de tutelas en salud con respecto al 2009 (6 por ciento menos), "es claro que la tendencia a violar el derecho a la salud de las personas se mantiene, pese a que la sentencia T-760 del 2008 generó mecanismos para asegurar que a la gente no se le negaran servicios, como los comités técnico científicos de las EPS".
Debería ser delito
"Negar servicios que están en el POS -insiste el Defensor- debería ser un delito; además, la Supersalud tendría que investigar y sancionar a las EPS que más tutelas reciben".
Para el constitucionalista Juan Manuel Charry, "aunque la tendencia es a pensar que la crisis del sistema está en el no POS, las cifras de la Defensoría muestran que el problema es el incumplimiento de los servicios POS; los correctivos deberían estar en la vigilancia y el control para que se garanticen".
El ex magistrado Alfredo Beltrán sostiene, por su parte, que la acción de tutela es un mecanismo para obtener la protección del derecho a la salud, lo cual no sería necesario si las demás autoridades del Estado lo hicieran efectivo, sin que las personas tuvieran que acudir a este recurso".
Beltrán considera, finalmente, que si por negar este derecho (en conexidad con la vida) una persona se agrava o se muere, "el caso, que connota una clara conducta omisiva, debería ser objeto de una investigación penal".
Tutelas han seguido creciendo
Para reclamar la protección de sus derechos fundamentales, los ciudadanos interpusieron 403.380 acciones judiciales, un 8,83 por ciento más que en el 2009. Se trata del número más alto registrado en los últimos 12 años (periodo durante el cual se han producido 2'725.361 tutelas).
Acorde con la tendencia registrada en los últimos años, el derecho más reclamado por esta vía es el de petición (162.983 acciones); de acuerdo con la Defensoría, su elevado número se debe a la poca importancia que le dan, algunas entidades del Estado, a responder las solicitudes de los ciudadanos.
Le siguen el derecho a la salud (94.502), otros derechos económicos, sociales y culturales (89.227), vida digna y dignidad humana (65.184), debido proceso y defensa (51.480), vida (41.421), igualdad (20.261) y trabajo (10.843), entre otros.
Siempre han sido muchas
Entre 1999 y el año 2010, las tutelas para solicitar servicios de salud han tenido una representación significativa dentro del volumen total de estas demandas.
De las 2'725.361 acciones presentadas durante estos 12 años, 869.604 (el 31,91 por ciento) han sido para reclamar estos servicios.
En 1999 se presentaron 21.301 demandas por salud y su número aumentó hasta alcanzar un pico en el 2008, con 142.957 (el 41,5 por ciento del total de las tutelas).
En el 2009 se registró un descenso significativo (hubo 100.490 tutelas), al parecer por acción de los comités técnico-científicos de las EPS, creados mediante la sentencia T-760. Su función es tramitar, de manera expedita, las solicitudes de los usuarios.
El año pasado, con 94.502, la reducción fue menor.
La Defensoría considera que el volumen de tutelas sigue siendo muy alto, dado que existen mecanismos como los CTC, para beneficio de los usuarios, y la permanente exigencia de organismos como la Corte, de que se respete el derecho de los pacientes.
SIN ACUERDOS AVANZA REUNIÓN SOBRE REFORMA DE LA JUSTICIA
Gobierno y cortes aún no llegan a consensos. Juan Carlos Esguerra será el Ministro de Justicia.
Durante su intervención el presidente Juan Manuel Santos se mostró preocupado por los temas relacionados con justicia transicional.
E hizo hincapié en que será el Congreso el que se encargue de dirimir las discrepancias que no se puedan subsanar entre el Gobierno y la Rama Judicial.
Los ministros del Interior y de Justicia coincidieron con el presidente Santos en que aún si no hay consenso en torno al contenido del proyecto, este se radicará en el Congreso el 20 de julio.
Los ministros del Interior, Germán Vargas Lleras; designado de Justicia, Juan Carlos Esguerra; y los presidentes y designados de las altas cortes continúan discutiendo los términos de la reforma constitucional.
Seguridad jurídica, aspectos institucionales, acceso y descongestión de la Justicia, juzgamiento de aforados, la acción pública de inexequibilidad y la reglamentación de la tutela son los temas que están sobre la mesa.
"Las posiciones entre las diferentes cortes siguen siendo muy distantes", dijo Vargas Lleras, quien agregó que no se descarta que "en el curso de la reunión se logren aproximaciones".
Las deliberaciones se extenderán hasta las 6 de la tarde de hoy y continuarán mañana todo el día.
En cualquier caso, el proyecto se radicará el 20 de julio. "Hay elementos de juicio suficientes" para proceder en tal sentido, dijo el designado ministro Esguerra.
Por su parte, Armando Benedetti, presidente del Senado, le pidió al Gobierno no darle más largas al asunto y llevar la discusión al Congreso. Y aseguró que no hay acuerdo en torno a ninguno de los puntos cruciales de la reforma.
"Actualmente no hay ningún acuerdo en esa reforma de la Justicia. Llevan un año y ya es hora de que paren ese tipo de reuniones, se vayan para el Congreso y la decidan allá", afirmó el senador de 'la U'.
Además del presidente Santos, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y los presidentes o delegados de las altas cortes, también están presentes los integrantes de las mesas directivas del Congreso.
De igual forma están presentes el procurador Alejandro Ordóñez y el vicefiscal Juan Carlos Forero.
AUN SIN ACUERDO, REFORMA A LA JUSTICIA SERÁ RADICADA EN EL CONGRESO
La doble instancia para las personas con fuero divide a Gobierno y cortes. Hoy sigue reunión.
Aunque el ánimo de concertar la reforma a la Justicia predominó en la reunión del Gobierno y las altas cortes ayer, el proyecto será llevado por el Ejecutivo al Congreso el 20 de Julio, incluso si no hay pleno acuerdo con los magistrados. Así quedó claro ayer después del primer día de deliberaciones, que siguen hoy martes.
"Esta es la última reunión, donde esperamos se llegue a la mayor cantidad de consensos posibles", afirmó el presidente Juan Manuel Santos, que al tiempo fue enfático en decir que si no es posible, "quien tomará la última palabra, como corresponde de acuerdo con nuestra Constitución, es el Congreso".
En ese mismo sentido se pronunciaron el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, y el designado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra. "El 20 de Julio se radicará la reforma. Y lo haremos de la manera más franca, diciéndoles al país y al propio Congreso en qué aspectos hay coincidencias, en cuáles no", afirmó Vargas Lleras.
En las deliberaciones, además de los ministros, participaron los presidentes y delegados de las altas cortes, el vicefiscal Juan Carlos Forero y el procurador, Alejandro Ordóñez.
Puntos polémicos
"Las posiciones entre las diferentes cortes siguen siendo muy distantes", reconoció Vargas Lleras. En su cuenta de Twitter dijo incluso sobre la tutela: "Unidas están la Corte Suprema, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura para defender la no procedencia de tutelas contra sentencias (mientras que), la Corte Constitucional defiende sus fueros". La tutela sigue siendo uno de los temas álgidos.
Sobre la falta de consensos entre el Gobierno y las cortes, el presidente del Senado, Armando Benedetti, afirmó: "El Gobierno no debe soslayar más el hecho de que lleva un año en mesas de negociación y no han llegado a nada".
Un tema en el que no se ven aún coincidencias es el de la doble instancia para el juzgamiento de personas con fuero. Se ha planteado la creación de un tribunal especial que revise en segunda instancia las decisiones de la Sala Penal de la Corte Suprema.
Esa no es una opción para este tribunal, que en los últimos años sacó adelante las investigaciones por la narcopolítica y la parapolítica y que teme que le quiten facultades en una labor de investigación y juzgamiento que ha sido reconocida por el país.
Los magistrados proponen la conformación de una sala adicional de tres magistrados encargada de la investigación y que entre los nueve miembros de la Sala Penal se dividan las labores de juzgamiento de primera y segunda instancia.
Hoy, la Sala Penal se ha dividido en grupos de tres magistrados para separar la investigación del juzgamiento, acatando un mandato de la Corte Constitucional.
Las diferencias con el Gobierno se extienden a la propuesta de reformar la Comisión de Acusación de la Cámara, con el nombramiento de magistrados elegidos por el Congreso.
El futuro de la Judicatura
Igual resistencia tiene la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, que el Gobierno considera fundamental para reorganizar el manejo de la rama, con una gerencia similar a la del Banco de la República.
Mauricio Fajardo, presidente del Consejo de Estado, considera que cualquier iniciativa en ese sentido debe garantizar la independencia de la rama. "Resulta fundamental en la Constitución mantener y, en lo posible, profundizar en todo aquello que tiene que ver con la autonomía de la rama y garantizar las funciones asignadas a los jueces", dijo.
También hay debate por la la iniciativa de descongestión que facultaría por tres años a notarios, abogados y conciliadores con funciones judiciales para evacuar procesos.
Ayer, finalmente, el magistrado Fajardo señaló que no ve como una amenaza el ultimátum del Gobierno en el sentido de que la reforma se llevará al Congreso con consenso con las cortes o sin este.
Esguerra pide colaboración
fue designado como nuevo ministro de Justicia
Como "la persona idónea para asumir la cartera en un momento muy importante para la justicia del país", calificó el presidente Juan Manuel Santos a Juan Carlos Esguerra, a quien designó este lunes ministro de Justicia.
Esguerra fue embajador en Washington, ministro de Defensa, constituyente, conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, y decano de la facultad de Derecho de la Universidad Javeriana. "Espero la colaboración de todos mis colegas, los abogados, que somos los primeros responsables de la justicia", dijo.
LOS JUECES DEL ASFALTO / VOY Y VUELVO
por: Ernesto Cortés
Los vecinos del parque de la Independencia (Cra. 7a. con calle 26) están felices. A través de una acción popular consiguieron que una juez evitara que el IDU siguiera adelante con los trabajos de la troncal porque, según ellos, atentan contra un bien cultural y ambiental y echan por la borda el diseño original de un parque público del maestro Salmona.
Hace dos semanas, otro juez protegió los derechos de una firma contratista que acudió a la tutela para evitar la caducidad de un contrato -en la calle 153- alegando que podría irse a la quiebra. No importó que dicho contratista tuviera un retraso de 4 meses en la entrega de un kilómetro y medio de vía o que el contrato se lo hubiera ganado una firma de comidas.
Se trata de dos acciones judiciales que, aunque con propósitos distintos, siembran un precedente que podría seguir haciendo carrera: los jueces decidiendo el desarrollo futuro de la ciudad.
Digamos que en el primer caso asiste a los vecinos un interés loable y la indignación de no haber sido consultados sino hasta cuando las máquinas empezaron a talar árboles. En el segundo, a juicio del IDU, existen dudas sobre el grado de conocimiento que tenía el juez a la hora de fallar a favor de una firma involucrada en el carrusel de la contratación y sin tener en cuenta la cantidad de gente que, con esa decisión, terminó perjudicada.
Todos los ciudadanos tienen derecho a exigir justicia. Lo que no puede suceder es que esta se emplee para defender intereses particulares o en contra de los inevitables desarrollos urbanísticos que reclaman las ciudades modernas. Por este camino, cualquiera puede impedir desde la construcción de una avenida hasta un parque para niños. El gran pecado de esta ciudad es ese: que nos acordamos de ella solo cuando nos toca en lo personal.
Las dos decisiones judiciales dejan lecciones. Por un lado, la Administración debe entender que la gente es su principal activo a la hora de emprender obras de envergadura. Y por el otro, resulta imperativo que la justicia examine con cuidado las decisiones que toma en un ambiente de contratos tan contaminado como el que estamos viviendo.
Sé, de buena fuente, que otros contratistas ya alistan tutelas para protegerse y dejar embarcada a la ciudad. Por eso, no sobra recordar que los jueces deben ser garantes de derechos y evitar que leguleyos los conviertan en escudos de la irresponsabilidad.
Nota: Bien por la Policía que capturó a los presuntos asesinos de las hermanas Sandra y Érika.
CASO POR RETOMA DEL PALACIO DE JUSTICIA SERÁ TRASLADADO AL JUEZ 55
Juez que llevaba el caso presentó un impedimento, que fue aceptado por el Tribunal de Bogotá.
Los magistrados del Tribunal acogieron la solicitud de la juez 51 penal del circuito de Bogotá, que pidió el traslado a otro juez del caso contra varios ex militares por la retoma del Palacio de Justicia.
La funcionaria se declaró impedida al considerar que en la condena contra el general Jesús Armando Arias Cabrales emitió un concepto sobre el comportamiento de los militares en la retoma. Por tanto, el caso pasará al juez 55 penal del circuito.
La Juez 51 conocía hace dos años el caso por la presunta desaparición de 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia.
El caso se sigue contra el coronel en retiro Edilberto Sánchez Rubiano y contra los sargentos Luis Fernando Nieto Velandia, Antonio Jiménez y Óscar William Vásquez.
FORO SOBRE AFROS EN LEY DE VÍCTIMAS SE REALIZA ESTE MARTES EN BOGOTÁ
La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras será el tema que abordará hoy el Segundo Diálogo Afrocolombiano.
En el encuentro, que se realizará hoy a las 8:30 a.m., en el Liceo Francés, se evaluará cómo las comunidades afrocolombianas afectadas por la violencia serán cobijadas con la nueva norma.
También se hablará sobre el reto de la consulta previa y del marco jurídico actual sobre tierras para estas poblaciones.
Como panelistas estarán el senador Juan Fernando Cristo, Claudia Elena Mejía, asesora del Proyecto de Protección de Tierras y encargada de Etnias del Ministerio de Agricultura, y Alejandro Ramelli, de la Corte Constitucional, entre otros.
EL ESPECTADOR
REFORMA A LA JUSTICIA
GOBIERNO PRESERVARÁ LA TUTELA EN LA REFORMA A LA JUSTICIA
La aclaración la hizo el nuevo minjusticia, Juan Carlos Esguerra, justo al iniciarse una nueva sesión con las Altas Cortes para concertar el proyecto.
Entendiendo que la tutela acercó la justicia a los colombianos, el Gobierno Nacional preservará esa figura en la justicia colombiana.
Previo al inicio de una nueva sesión entre las Altas Cortes y el Ejecutivo, el nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, dijo que en la reforma en la justicia se busca dirimir la polémica por las tutelas contra providencias judiciales.
De momento, en las discusiones que entre lunes y martes ha sostenido el Gobierno con los magistrados no hay consenso en esa iniciativa.
De otro lado, Esguerra señaló que ya hay un posible acuerdo en que debe existir la doble instancia para las personas con fuero.
En ese sentido, recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le ha venido insistiendo a las autoridades en esa posibilidad.
Al referirse acerca de la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara -donde se llevan los procesos contra los expresidentes y otras personalidades con fuero- Esguerra aseguró que ésta ha sido "inferior" y no le ha cumplido al país.
Sin embargo, prefirió no opinar, hasta conocer más de fondo la iniciativa, sobre un cambio al juzgamiento.
El plazo que fijó el Gobierno para concertar el proyecto es este martes en la tarde, de lo contrario, será el Congreso el que dé la última palabra.
El proyecto será radicado el próximo 20 de julio.
¿CRISIS EN LA SALUD?
ALERTAN QUE HOSPITALES NO PRESTAN SERVICIO A USUARIOS DE EPS MOROSAS
La Personería de Bogotá advirtió crisis en el sector salud.
Un informe realizado por la Personería de Bogotá advierte una posible crisis en el sector salud debido a la deuda que tienen las Empresas Promotoras de Salud (EPS) con la red hospitalaria distrital. Según el ente de control, los hospitales no están prestando el servicio a los usuarios de EPS morosas.
Así lo reveló el delegado para Función Social, Andrés Castro, quien asegura que la situación es crítica debido a la cartera de más de 500 mil millones de pesos que tienen las EPS con los hospitales públicos.
El funcionario de la Personería señaló que no se explica cómo con las actuales vigencias no se pone fin a la deuda y aseguró que es complicado que las EPS la salden debido a que es un tema de “voluntad de flujos de caja”.
El pasado 30 de junio el contralor de Bogotá, Mario Solano Calderón, anunció que junto con la Secretaría de Salud se diseñará una estrategia para recuperar la cartera morosa.
Advirtió que últimamente las EPS contratan servicios con sus clínicas para evitar pagarle a la red pública la deuda pendiente. En ese momento, Solano Calderón dijo: “hemos visto que hay una demora injustificada por parte de las EPS de 365 días con el 50 por ciento de la cartera de los hospitales y para hacerle frente a esto se asumió un compromiso con los directores de los hospitales públicos en donde se realizarán unas mesas de trabajo productivas para mejorar la gestión de la cartera y lograr acuerdos de pagos con las EPS”.
El llamado que hizo la Contraloría a la Secretaría de Salud y a los diferentes gerentes de los hospitales estuvo encaminado a mejorar la gestión de la cartera, hacer cumplir los acuerdos de pago y evitar la evasión y las responsabilidades que tienen las EPS con el Distrito.
DOCUMENTAL 'NACIMOS EL 31 DE DICIEMBRE'
MILES DE INDÍGENAS COLOMBIANOS, BURLADOS POR LA REGISTRADURÍA
Por: Luciano Figari - EFE
Payaso, Bolsillo o Tarzán, fueron algunos de los nombres que les pusieron a los nativos cuando tramitaron sus cédulas.
Cohito, Mariguana o Gorila son algunos de los nombres que funcionarios colombianos pusieron a miles de indígenas a modo de burla, cuando tramitaban sus cédulas de identidad resionados por políticos locales para obtener sus votos a cambio de falsas promesas.
“Cuando los registradores les preguntaban en español a los indígenas qué nombre querían, ellos lógicamente no entendían y se quedaban callados, entonces lo que hacían era que les imponían un nombre” como Payaso, Bolsillo o Tarzán, asegura a Efe Priscila Padilla, director del documental “Nacimos el 31 de diciembre”.
Padilla relata en su cinta la injusticia que sufrieron los indígenas wayúu, un pueblo conformado por unas 300.000 personas dispersas en un extenso territorio que ocupa parte de Colombia y Venezuela, en la península caribeña de La Guajira.
Inspirada en el libro “Manifiesta no saber firmar”, de la escritora wayúu Esthercilia Simanca, Padilla no duda de la mala intención de los funcionarios: “si tú no hablas español y te coloco un nombre como ése, me estoy burlando de ti”.
“Es difícil dar una cifra de los afectados, pero calculo que deben ser más de 5.000”, indica a Efe Simanca, quien apunta que etnias indígenas de otras zonas de Colombia y México padecieron circunstancias similares, según le hicieron saber esos nativos.
Pero los nombres insólitos son solo una parte de la vejación. La mayoría de cédulas wayúu concluye con un “manifiesta no saber firmar” ya que, según Simanca, muchos funcionarios no se molestaban en preguntarles si sabían escribir.
“Algunos sí sabían firmar pero de pronto por su fenotipo indígena enseguida estampaban sus huellas y listo”, asevera.
Además, como los indígenas miden el tiempo con acontecimientos como las lluvias o los ciclos lunares y no atienden al calendario occidental, gran parte de ellos desconoce su fecha exacta de nacimiento, lo que causó mayores problemas a la hora de identificarlos.
“Se comenzó a crear el rumor de que cuando una persona desconoce su fecha de nacimiento se le coloca que nació el 31 de diciembre”, por lo que figura que la gran mayoría de wayuus cumple años ese día, señala Padilla.
Los nombres insólitos se asignaron sobre todo entre las décadas de los sesenta y noventa, principalmente en época de elecciones, cuando los políticos locales registraban en masa a indígenas para obtener su voto a cambio de bolsas de comida y falsas promesas, como hospitales o escuelas.
“Por lo general los wayúu guardan la cédula para época de elecciones porque a cambio del voto les dan un mercado o les prometen un techo”, anota Simanca.
Aunque la compra de votos continúa siendo habitual en Colombia, el número de cédulas comenzó a disminuir a comienzos del siglo XXI, gracias a la alfabetización y mayor conocimiento del proceso de registro por parte de los aborígenes, que ahora tienden a anotar el día que nacen sus hijos y estampan su firma.
El director nacional del Registro Civil, Jin Anthony Cotrino Sossa, confirma a Efe que esas cédulas existen pero prefiere no entrar a valorar la actitud de los funcionarios, pues carece de elementos para emitir un juicio.
No obstante, recuerda que los indígenas afectados avalaron su documento de identidad con su huella y que la legislación colombiana no pone ningún tipo de impedimento a los nombres.
La valoración se complica si se tiene en cuenta que algunos indígenas eligen tener nombres raros, como Tiburcio, según admiten Simanca, Padilla y Evelin Acosta, de Fuerza de Mujeres Wayúu. “Ahí debe respetarse la decisión del indígena”, advierten.
En Colombia, el cambio de nombre se puede realizar ante una notaría que eleva esa petición a escritura pública y luego se legaliza ante la Registraduría, que se encarga de expedir un nuevo documento de identidad, con un costo aproximado de $100 mil.
Pero el trámite se vuelve engorroso para los wayúu, que suelen vivir en asentamientos alejados de los núcleos urbanos, con lo que el gasto se multiplica por el transporte.
En cualquier caso, el director nacional del Registro Civil avisa de que: “si cualquiera de estos ciudadanos se ha sentido denigrado tiene que elevarnos una solicitud para que iniciemos una investigación y le demos toda la orientación del caso”, pues de momento no ha habido ninguna denuncia formal.
CONSEJO DE ESTADO DEFIENDE PAPEL DE CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
El magistrado Mauricio Fajardo consideró que debe respetarse y mantenerse la autonomía de toda la rama en la reforma a la justicia que finiquita el Gobierno.
El Consejo de Estado salió este lunes en defensa del papel que en la rama desempeña el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ).
El presidente de esa Alta Corte, Mauricio Fajardo, al ser consultado sobre la posible eliminación del Consejo –como lo plantea la reforma a la justicia- dijo que es fundamental “mantener y profundizar” en la autonomía de la rama judicial.
Según él, se debe asegurar la independencia para las funciones asignadas a los jueces y el juzgamiento de los mismos, función que desempeña actualmente el CSJ.
Al referirse a otros puntos de la reforma, Fajardo aseguró que existe la mejor disposición de las Altas Cortes por “encontrar caminos” que permitían concertar el texto que presentará el Gobierno al Congreso.
Por eso, consideró fundamental concretar un tratamiento especial a las tutelas contra sentencias judiciales, punto de mayor coyuntura dentro de la iniciativa.
“Nos parece que es muy importante que salgan unas reglas claras para facilitar al país el manejo del mismo sin sobresaltos o anormalidades”, enfatizó.
Hasta este martes en la tarde el Gobierno mantendrá deliberaciones sobre varios puntos de la reforma, con miras a convenir el texto con las Cortes.
Sin embargo, ante la falta de consenso, el presidente Juan Manuel Santos advirtió que la última palabra la tendrá el Congreso.
El proyecto será radicado el próximo 20 de Julio (día de reinicio de sesiones legislativas) pese a la falta de acuerdo, según lo anunciado por el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras.
"REFORMA A LA JUSTICIA NO SOLUCIONA PROBLEMAS DE LOS CIUDADANOS"
Así lo dijo el presidente del Senado, Armando Benedetti, quien se lo hizo saber al Gobierno y las Altas Cortes.
Un preocupante panorama se ve con miras a la reforma a la justicia que radicará el Gobierno el próximo 20 de Julio.
En medio de las evidentes diferencias entre el Ejecutivo y las Altas Cortes para concertar el acto legislativo, desde el Congreso advierten que el proyecto no beneficiará en nada -de momento- a los ciudadanos.
El presidente del Senado, Armando Benedetti, dijo que "se habla más de cómo se nombran a los magistrados, cuántos años deben ocupar el cargo y el fuero, pero toca muy poco al ciudadano".
El legislador señaló que Gobierno y Cortes deben preocuparse más por los problemas del pueblo para acceder a la justicia y no por los actuales planteamientos.
"Esa reforma no toca realmente la descongestión judicial ni mucho menos los derechos fundamentales del ciudadano", enfatizó.
Por eso, Benedetti insistió en que llevan casi un año en varias reuniones de donde no ha habido consenso y eso hora de permitir al Congreso terciar en el debate sobre la justicia.
GOBIERNO Y CORTES AÚN NO CONCERTAN REFORMA A LA JUSTICIA
En desarrollo de la mesa interinstitucional que concerta el proyecto, el ministro Germán Vargas admitió que siguen "radicales" las posiciones.
El panorama para el Gobierno y las Altas Cortes aún no es claro en desarrollo de la búsqueda de concertar la reforma a la justicia.
Aunque se esperaba un mejor ambiente en aras de concretar el proyecto de acto legislativo, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, admitió que "cada vez las posiciones están más radicales".
"Unidas están la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y Consejo Superior para defender la no procedencia de tutelas contra sentencias (…) por su parte, la Corte Constitucional defiende sus fueros.", aseguró.
Aún así, el Gobierno previo a la reunión que se desarrolla en el Ministerio del Interior, ya esperaba que no se concertara la totalidad de la iniciativa.
Así lo dejó claro el presidente Juan Manuel Santos quien al instalar la mesa dijo que "la última palabra" la tiene el Legislativo.
El próximo 20 de Julio se espera que inicie el trámite del proyecto en el Congreso.
'EN REFORMA A LA JUSTICIA, LA ÚLTIMA PALABRA LA TIENE EL CONGRESO'
Ante la falta de concertación en varios temas, así se lo hizo saber el presidente Santos a los presidentes de las Altas Cortes.
El presidente Juan Manuel Santos instaló este lunes la Mesa Interinstitucional de Reforma a la Justicia en presencia de los presidentes de las Altas Cortes.
El Jefe de Estado aseguró que son "bienvenidas" todas las propuestas en aras de mejorar el proyecto que será radicado el próximo 20 de Julio, al inicio de las nuevas sesiones.
Ante la falta de concertación en varios puntos del proyecto, Santos les recordó a los magistrados que "la última palabra" en el proyecto la tendrá el Congreso de la República.
Presentación de Esguerra
De otro lado, el presidente Santos presentó ante las Cortes al nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
El primer mandatario formalizó el nombramiento, al presentarlo ante los magistrados.
Algunos puntos del proyecto
El lunes en horas de la mañana el ministro Germán Vargas Lleras dio a conocer algunos puntos del proyecto:
Reglamentación de la tutela: la pregunta que sigue abierta en el proyecto es si debe haber sentencias de cierre de una y otro corte.
Descongestión: mecanismos excepcionales para los dos millones 200 mil procesos represados.
Periodos de los magistrados: ampliar los periodos de los altos juristas del país.
Elevar los requisitos para una magistratura. Se debe garantizar que los magistrados sean de una “larga trayectoria” y de un amplio de ejercicio académico.
NUEVO MINJUSTICIA CULPA A LOS ABOGADOS DE CONGESTIÓN JUDICIAL
Juan Carlos Esguerra dijo que muchos consideran que así defienden los intereses de sus clientes.
El nuevo ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, tras su nombramiento, se pronunció este lunes sobre uno de los problemas más grandes del sector que dirigirá: la congestión de los despachos judiciales.
En ese sentido, Esguerra consideró que los abogados “hemos venido siendo parte de los problemas que han venido acumulándose en la justicia”.
Según él, algunos abogados aprovechan para congestionar el sistema a favor de sus clientes.
“Algunos abogados son también culpables de la congestión judicial porque creen que en esto está la defensa de los intereses de sus clientes”, aseguró.
Por eso, conminó a las facultades de Derecho a que actúen y no permitían seguir con estas prácticas a los nuevos abogados que se están graduando.
Empalme entre Vargas Lleras y Esguerra
El actual ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, confirmó que se inició el empalme con el nuevo jefe de la cartera de Justicia, Juan Carlos Esguerra.
Algunos puntos del empalme:
1. Código General del Proceso
2. Código Penitenciario
3. Reforma a los jueces de paz
4. Estatuto Arbitral
EDITORIAL:EL NUEVO MINISTRO Y SUS RETOS
JUAN CARLOS ESGUERRA, según lo anunció ayer el presidente Juan Manuel Santos, dirigirá el nuevo Ministerio de Justicia.
Un acertado nombramiento para un escenario complejo. Esguerra, reconocido hombre de Estado, tiene a todas luces la capacidad política y el recorrido jurídico para librar de varios pesos muertos al sistema sin alterar sus fundamentales democráticos. Difícil un mejor nombramiento. No obstante, la lista de pendientes es tan larga y tan espinosa que no le bastará al Gobierno con la correcta designación. El apoyo político de toda la Unidad Nacional será igualmente necesario. Y es que hasta lo dado por sentado exigirá de un esfuerzo monumental, pues si bien la actual administración ha logrado suavizar las fricciones entre el poder Judicial y el Ejecutivo, lo cierto es que el puente entre ambos lleva buen tiempo caído. Solo restablecer la institucionalidad de la mediación será asunto complejo, en especial, cuando debe hacerse sobre la marcha de una reforma a la justicia que pretende, primero, llegar hasta las altas cortes y, segundo, llegar conciliando.
En el país, las reformas a la justicia se han realizado, históricamente, de manera directa en el Legislativo. Incluir a la justicia en el proceso, aunque bienintencionado, requerirá de importante capital político. Por los siguientes años, por lo menos, escucharemos sobre el ir y venir del futuro del Consejo Superior de la Judicatura, de la necesidad de la doble instancia para los aforados, del carácter obligatorio de la jurisprudencia, de las inhabilidades para pasar de una corte a otra, de otras inhabilidades para salir a cargos de elección popular, de la ampliación de las funciones jurisdiccionales, de los tiempos de las magistraturas y, claro, de la controvertida acción de tutela. No es una reforma cualquiera, ni será cualquiera quien se siente al otro lado de la mesa. Si fuera tan fácil lograr que los altos magistrados se pongan de acuerdo —y de acuerdo además con el Ejecutivo— no habrían fracasado en su intento las últimas cuatro administraciones. Sólo con la reforma el reto del nuevo ministro es gigantesco, como gigantesco el desgaste de su cartera.
A los cambios en las altas esferas se suma, además, la ejecución de las reformas en proceso y de aquellas aprobadas. El estatuto anticorrupción y la ley de seguridad ciudadana, por ejemplo, generaron bastantes expectativas en su muy aplaudido paso por el Congreso. ¿Dónde quedarán ahora? Buena parte de su éxito consiste en que la justicia efectivamente se fortalezca. Si los jueces no cierran de manera rápida y acertada los procesos, poco importa que la Policía haga su trabajo. De aquí que quede claro que a pesar del ruido que hará la reforma a la justicia, más que en los avances formales, la cartera deberá ser evaluada en sus avances materiales. No es mentira que la congestión está haciendo a la justicia inoperante.
Es imprescindible evaluar el resultado de los juzgados temporales creados para la agilización de la justicia administrativa, al tiempo que se decide sobre implementar en esta rama también la oralidad. En ese sentido, es imperativo revisar el sistema penal acusatorio; una buena idea, pero puesta en marcha de golpe. Tanto es así que ni siquiera cuenta con la infraestructura requerida. No sólo los jueces, sino las salas de audiencia, escasean. Revisar lo recorrido, aumentando la cantidad y calidad de los investigadores, las adecuaciones y la tecnología, además de la misma cultura jurídica para que acepte códigos más operativos, es lo que se espera que haga el nuevo ministerio. De nada nos sirve el más pulido esquema de pesos y contrapesos, si el promedio de los procesos administrativos es de 20 años y los procesos penales corrientes, como el que resulta de un accidente de tráfico, puede tardar, si se corre con suerte, de dos a tres años.
PUEBLOS TRIBALES E INFERIORES
Por: Jaime Arocha
En una columna que publicó en el Tiempo (junio 29 de 2011), Daniel Mera opina que al proyecto moderno de la Constitución de 1991 lo socava la "inferiorización bienintencionada" consistente en asimilar a "la población afrocolombiana a un 'pueblo tribal' (Convenio 169 de la OIT)".
Al leerlo, pensé en aquellos profesores formados en escuelas europeas que tuvo Ahmadou Hampâté Bâ, a quien se le conoce como “el filósofo de Bandiagara (Mali)”. En su obra Amkullel el niño fulbé explica que a ellos los educaban para amar a las madres patrias al extremo de que imitaran a los colonizadores hasta en sus vestimentas. Gente como la bambara o la tucoror los desdeñaba con el nombre de “blancos-negros”, porque para ellas fueron imprescindibles en la consolidación de los regímenes coloniales de África occidental y central, y carecieron de la capacidad de reivindicar las fortalezas de los sistemas sociales, políticos y simbólicos ancestrales dentro de los cuales Bâ había nacido y por los cuales profesaba una admiración profunda. Pese a la violencia a la cual acudieron los europeos para doblegar esos sistemas, perviven hoy inclusive dentro de las genealogías de afrocolombianos, palenqueros y raizales.
Mera parte de una noción de modernidad incompatible con la que considera que tales sistemas tienen sus equivalentes entre los indígenas de las Américas y forman parte de un reservorio cultural aún más amplio basado en una filosofía holística referente a que el respeto por la naturaleza y otros seres humanos depende de la unidad que ellos forman con ella y consigo mismos. Hasta James Cameron comprendió que ese pensamiento era fuente de civilización y el occidental más bien de barbarie. Así, en Avatar se valió de los filamentos que la gente “na’vi” tenía en sus cabelleras para representar cómo se conectaba con las personas amadas o los antepasados residentes en su árbol sagrado. Hasta esa mitología desdice de la solución que Occidente ha planteado para las crisis ambientales y humanas, basándose exclusivamente en manipulaciones cada vez más intrincadas de una tecnología que —precisamente— ha causado buena parte de tales catástrofes.
La esperanza para la humanidad que hoy representan los pueblos tribales del mundo no es ajena al reconocimiento de sus derechos territoriales, culturales, políticos, estéticos y espirituales según el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Al contrario de lo que sostiene Mera, ese convenio pasó a ser ley nacional unas semanas antes de que fuera firmada la Constitución de 1991 y antecedió por dos años la sanción de la llamada “ley de negritudes”. Fue a los siete años de que la Ley 70 de 1993 fuera promulgada que la Corte Constitucional conceptuó que las comunidades negras eran tan pueblos étnicos como los indígenas y las puso bajo el amparo de la convención internacional que Mera menciona. Él podrá arrogarse el derecho a estereotipar como premodernos a los pueblos amparados por esa jurisprudencia global, pero quizá no sea muy ético hacerlo dentro del marco creado por la crisis humanitaria de la desposesión territorial de indígenas y afrocolombianos por medio de la guerra.
SALUD: VOLVER A BARAJAR
Por: Cristina de la Torre
A punto de clausura se encuentran decenas de los hospitales públicos que el exministro Palacios no alcanzó a cerrar.
Hoy, como ayer, agonizan porque las EPS y el Gobierno no les giran a clínicas y hospitales los cuatro billones que les adeudan. Ignominia de un sistema de salud entregado a marchantes sin escrúpulos —con bendición de la Constitución y la ley—, el hecho revela la dimensión de la catástrofe. La salud derivó en enfermo terminal que el ministro Santamaría quisiera reanimar con paliativos, medidas aisladas y ambivalencias para con las EPS. Hoy le preocupa el Fosyga, pero no hace mucho defendió la integración vertical que a aquellas les permitió ensanchar la chichería con hospitales propios, casi siempre comprados a huevo tras expoliarlos hasta la quiebra.
El Gobierno se rajó ante la Corte Constitucional, que desde 2008 había ordenado correctivos de fondo a la crisis que el entonces presidente Uribe sugería conjurar con las cesantías y pensiones de los enfermos. Para no tocar su Ley 100, fuente de los males que aquejan al sistema de salud. Ni el artículo 336 de la Carta del 91, que ordena enajenar o liquidar empresas del Estado y entregar su actividad a particulares, cuando aquellas no cumplan los requisitos de eficiencia. Léase de rentabilidad, de lucro, de competitividad. En obediencia del mandato, la ley de marras privatizó el servicio público de salud y lo libró a la mano siniestra del mercado. Como lo ordenaba, a su vez, el Consenso de Washington. Esta crisis es, pues, hija putativa de la Constitución del 91 y del modelo que se nos impuso para engorde y solaz de un puñado de malhechores.
Mil estudios han demostrado que las políticas de salud del Estado mínimo devolvieron a América Latina al siglo XIX: hasta allá condujo la privatización de las instituciones públicas, envuelta en vociferante descalificación de las políticas sociales en cabeza del Estado. Se las acusó de populistas, de ser financieramente insostenibles, de arriesgar el equilibrio fiscal. Invectivas de esta laya autorizaron en Colombia la destrucción o privatización de la red de hospitales públicos, construida en largas décadas con el esfuerzo de todos. Condujeron a la norma de estabilidad fiscal que subordina el derecho fundamental a la salud a la liquidez del presupuesto, mientras banqueros, importadores y multinacionales nadan a sus anchas en un mar de gabelas. Setecientas investigaciones adelanta la Fiscalía por corrupción en el sistema de salud. Pero ésta es apenas un derivado de la crisis. Sergio Isaza, presidente de la Federación Médica Colombiana, sitúa el origen del desastre en políticas cuyas cuerdas movió Washington y nuestros sucesivos gobiernos aplicaron a rajatabla (Razón Pública, 29-V-11). Ineficacia e inequidad habrían sido efectos previsibles de un sistema no montado sobre el derecho irrenunciable a la salud sino sobre el ánimo de lucro de unos cuantos. Eliminados el Seguro Social y las Cajas de Previsión —únicos entes públicos capaces de competirles— las EPS se organizaron en cartel. El oligopolio disparó los costos, degradó la calidad del servicio y, gracias a su poder político, neutralizó los tímidos controles del Estado. Entonces todo fue suplantación de esta función pública y apropiación de sus recursos. El barco seguirá su curso: la reforma a la salud expedida en diciembre sigue protegiendo a las EPS y no altera la estructura del sistema.
Un coro de indignación se alza en Colombia para pedirle al Gobierno que recupere el manejo de la salud, que suprima las EPS y entregue directamente los recursos a la red de hospitales públicos. Pide derogar la Ley 100, rediseñar el papel de los agentes privados y aguzar la vigilancia. De responder a este clamor, el presidente Santos sumaría un lance estelar al ya histórico de la restitución de tierras.
EL NUEVO SIGLO
PIDEN MIRAR CON LUPA REFORMA A JUSTICIA Y PAZ
Algunos sectores reclaman una corrección urgente a ese marco legal.
En esta nueva legislatura, el Congreso debe revisar con lupa las propuestas en materia de Justicia y Paz que puedan ser regresivas y llevar al colapso los logros de la Ley de Víctimas, advirtió el representante bogotano Iván Cepeda, del Polo Democrático.
Cepeda manifestó así su preocupación por iniciativas que puedan conllevar a la impunidad y a desconocer derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, en vísperas de la última mesa temática desarrollada por la Comisión de Paz del Senado, que se reunirá mañana en el Capitolio Nacional.
Como lo ha informado EL NUEVO SIGLO, el presidente de esa célula legislativa, el senador vallecaucano Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), ha manifestado su inquietud por la posibilidad de que en poco tiempo salgan libres por vencimiento de términos “miles del victimarios” y sin que se conozca toda la verdad de lo ocurrido en el conflicto reciente con los grupos paramilitares; con base en esa alarma la Comisión se ha venido reuniendo para estudiar una reforma al marco legal de Justicia y Paz.
En ese contexto, la fiscal general Vivianne Morales ha anunciado la presentación de un proyecto de ley ante el Congreso para modificar la ley de Justicia y Paz, con cambios que permitirían la aplicación de esta norma desde el momento de la desmovilización y no desde su promulgación. Según Morales hay 22 bloques con más de 3.500 combatientes que se han desmovilizado después de esa fecha, quienes entre la promulgación de la ley y el día de su desmovilización pudieron haber cometido otros crímenes no contemplados entre los beneficios de Justicia y Paz, por lo cual podrían ser juzgados por la justicia ordinaria.
Sobre este aspecto, Cepeda consideró que es inconveniente contemplar una posible desmovilización de los nuevos paramilitares, que el Gobierno llama bandas criminales (Bacrim). “Cualquier reforma que se haga a la ley de Justicia y Paz, no debe significar abrirle las puertas a la impunidad con beneficios para las nuevas estructuras paramilitares, sin contraprestaciones claras y verificables para las víctimas”, afirmó.
Barreras advirtió que la reforma es necesaria, pues de lo contrario unos 1.500 paramilitares postulados quedarían en libertad por vencimiento de términos sin recibir condena y haber reparado a las víctimas.
Sin embargo, Cepeda reconoció la existencia de “fallas estructurales” en la ley que podrían ser subsanadas, pero ante todo reiteró su exigencia de garantías para el esclarecimiento de la verdad y la reparación de las víctimas.
Lo que no puede ser, insistió Cepeda, es pensar en una nueva norma que termine sin resultados como la que acogió a los jefes paramilitares extraditados a Estados Unidos, que no garantizó la verdad y la justicia para las víctimas.
Barreras expresó los que consideró como los principales problemas del estado actual de esa normatividad.
“El primer problema es el de la vigencia de la ley. Si no se reforma a fondo, van a salir a la calle en los próximos meses miles de victimarios, porque se vencerán los términos de sus casos. Y no han dicho toda la verdad de lo sucedido en el conflicto”, expresó.
Para Barreras, de los 3.000 postulados a la ley de Justicia y Paz, sólo hay un poco más de 400 en proceso de imputación y tan solo 4 condenados. “Las versiones libres pueden tardar 3 años más y para entonces vencerán todos los términos. Si no se reforma la ley saldrán a la calle todos, menos esos cuatro, sin sentencia y sin haber dicho toda la verdad”, anotó.
En la cuarta audiencia sobre el tema, el legislador dijo que es necesario llamar la atención de todas las instituciones, incluyendo al Gobierno, “de la urgencia de construir en esta legislatura un nuevo marco legal para la paz y que comience con una reforma a fondo de la Ley vigente de Justicia y Paz”.
El segundo problema planteado por Barreras es que la actual norma de Justicia y Paz no permite el ingreso de nuevos postulantes o aspirantes a recibir los beneficios de esta ley: “Si queremos que haya nuevas desmovilizaciones masivas también hay que reformarla”.
Y el tercer problema, le dijo Barreras a la Oficina de Prensa del Senado, es que hay mucha improvisación de buena fe por parte de instituciones, como la jerarquía católica, que invita a las Farc a que presente su propuesta política y se presente a las elecciones: “Eso es imposible sin una reforma política. Otros invitan al diálogo a las organizaciones mafiosas. Eso no solo es imposible, sino inadecuado; para ellos lo único que vale es que se sometan a la justicia penal ordinaria. No sigamos improvisando, con la paz hay que ser justos y serios”.
El senador Barreras se refirió a las tres reformas-eje de la Ley de Justicia y Paz que comienzan a perfilarse en ese nuevo marco legal para la paz.
La primera reforma es la vigencia de la Ley de Justicia y Paz; la segunda es la apertura e ingreso de nuevos postulantes; y la tercera corresponde a la rápida monetización de los bienes incautados: “Hoy, tan sólo un bien se ha podido vender y monetizar”. El legislador reiteró que la pregunta fundamental es ¿a quién se le va a ofrecer justicia transicional?, ¿a las guerrillas, a los paramilitares, a los militares encartados judicialmente, a esas bandas criminales (Bacrim), a todos, o a ninguno? “Esa es la decisión que hay que tomar”, añadió.
Finalmente, Barreras reconoció, como lo hizo la fiscal de justicia y paz Beatriz Silva, que “el país no conoce todo el horror de las versiones libres adelantadas con los victimarios, el terror y la crueldad a la que sometieron a miles de víctimas. No puede haber más terror y crueldad y para lograrlo hay que desmovilizar a todos los violentos y se requiere de un marco legal nuevo. Sin este, no se podrá hacer un proceso serio de paz”, puntualizó.
CORTES Y CONGRESO CELEBRAN DESIGNACIÓN DE ESGUERRA COMO MINJUSTICIA
Entre los retos del nuevo funcionario están garantizar seguridad jurídica y el acceso y descongestión del sistema judicial
Con beneplácito recibieron las distintas ramas del poder público la designación del jurista Juan Carlos Esguerra como nuevo ministro de Justicia, ayer después que el presidente Juan Manuel Santos hiciera el anuncio.
Desde la Casa de Nariño, el Jefe de Estado aseguró que Esguerra “es la persona idónea para asumir esa cartera en un momento muy importante para la justicia del país”.
esaltó que el designado Ministro es conocido por el país y por toda la rama judicial, y dijo que lo posesionará tan pronto esté listo el nuevo Ministerio, que podría tardar un mes.
“El ministerio lo estamos diseñando, hemos hecho muchos estudios, vamos a escuchar las opiniones de las altas cortes, el propio doctor Esguerra va a tener voz y voto, y cuando esté maduro y listo la creación del Ministerio, pues en ese momento se va a posesionar el doctor Juan Carlos Esguerra”, explicó el Mandatario, al afirmar que mientras tanto Esguerra hará su papel de Ministro designado, “con todo el respaldo del Presidente de la República”.
Precisamente, Esguerra asistió ayer con el presidente Santos a la penúltima sesión de la mesa de la reforma a la justicia.
El ministro de Justicia designado fue Embajador en Washington, Ministro de Defensa y Constituyente. También ha sido conjuez de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Javeriana y se ha desempeñado con éxito como abogado y como profesor universitario.
En sus primeras declaraciones, Esguerra dijo que se sentía honrado y muy complacido por la designación. Afirmó que llega con enormes ganas de trabajar por la causa de la justicia y el derecho.
“Habrá mucho trabajo de mi parte, mucho compromiso, mucha dedicación, y espero la colaboración de todos mis colegas, los abogados, que somos los primeros responsables de la justicia y de que las cosas en materia de derecho y de justicia funcionen como debe ser”, puntualizó.
El primero en reaccionar a la designación, fue el jefe de la cartera del Interior, Germán Vargas Lleras, quien hasta el día de ayer cumplió funciones también de ministro de Justicia.
“Es un acierto del Presidente encomendar en manos del doctor Juan Carlos Esguerra la puesta en marcha del Ministerio de la Justicia. Queda en las mejores manos el Ministerio”, ñaló.
Vargas Lleras resaltó que los retos que tendrá el nuevo ministro “siguen siendo los mismos, seguridad jurídica, temas referentes a aspectos institucionales, acceso y descongestión, juzgamiento de aforados, e iniciamos con el tema más complejo, el reglar o no la tutela”.
Entre tanto, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, señaló que ese alto Tribunal espera tener un permanente y fluido diálogo con el Gobierno, a través de Juan Carlos Esguerra.
De igual manera, el jefe de la cartera política aseguró que ya empezó el empalme con el ministro designado de Justicia.
“Desde el Consejo de Estado le ofrecemos toda la colaboración que esté a nuestro alcance para el cumplimiento de sus funciones y abrigamos la firme esperanza de que con el nuevo Ministerio de Justicia, con el doctor Esguerra a la cabeza, mantendremos un diálogo permanente, fluido y ágil con el Gobierno para deliberar sobre los diversos temas que son de interés común a las ramas del poder público”, afirmó el Magistrado.
De otro lado, otro que celebró la designación fue el presidente del Congreso, Armando Benedetti. “El Congreso recibe con toda la complacencia a una persona como el doctor Esguerra, que toda su vida ha estado ligada al derecho y a la justicia. Una reforma a la Justicia para que se le cumplan los derechos fundamentales a los ciudadanos, buscar las causas de por qué la justicia es ineficaz para que se arreglen esos tipos de detalles”, indicó el Senador.
POR FIN, ¡HABEMUS MINISTRO!
LA labor de restablecer la estructura de la Justicia no es fácil. Existen tal cantidad de elementos deplorables que la desquiciaron desde que eliminaron el Ministerio del ramo, que pareciera labor de titanes volver por sus fueros. Pero de un solo plumazo, de un pálpito repentino, todo se vino al piso. Y ahora toca recomponer eso que en los últimos diez años se demostró como un craso error institucional.
Por eso el anuncio del nombramiento del constituyente y ex ministro Juan Carlos Esguerra en la cartera de Justicia, a crear de inmediato, es una noticia plausible. Esguerra es un repúblico reconocido, de aquellos que entiende ser llamado a ejercer altos cargos en el Estado como una vocación seductora y atrayente antes que enredarse en plataformas mediáticas o trampolines para sumar laureles a carreras políticas en ciernes o mejorar su exposición profesional para luego seguir desarrollando litigios en su oficina. No, Esguerra llega allí como culmen de su ya ganado prestigio. Y eso es sustancial para recobrar la confianza perdida.
Hoy, además, el ministerio de Justicia puede ser el cargo fundamental en la reestructuración nacional. En su momento el país creyó ver en la proscripción del Despacho un hecho promisorio, pero desde luego es fácil señalar cuán equivocados estaban quienes así pensaban. Que eran la gran mayoría, hipnotizados por el “flautista de Hamelín”, cuando se desordenó todo, se destruyó en términos institucionales mucho de lo que había ganado Colombia, y se creyó que había allí una panacea. Es bueno, pues, retornar al cauce conservador de las cosas, es decir, reconstituir y mantener aquello que siempre se demostró como bueno y que nunca se entendió por qué lo demolían en aras de supuestos ahorros del fisco que llevaron a la mala conceptualización de la administración pública, mientras muchos aplaudían.
No debe caer, por su parte, el Gobierno en equívocos producto de afanes innecesarios. Está bien, desde luego, auspiciar la anhelada reforma a la justicia, inclusive obligarla y publicitarla, pero primero habría que dedicar todos los esfuerzos a la creación del Ministerio y posteriormente a que el nuevo ministro estudie y adecue lo necesario para presentar una buena plataforma reformista. Y es que la creación del Ministerio no es cosa de poca monta. No se trata, simplemente, de copiar lo que había antes, sino de ajustarlo y ampliar las facultades a los requerimientos del momento. Desechado, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia, como en Estados Unidos, haga además las veces de Fiscal y Procurador, en todo caso es un anhelo categórico que sea la voz cantante del Gobierno en la materia y por lo tanto sea, además de canal institucional del Ejecutivo con la Rama Jurisdiccional, por igual el creador y orientador de la política criminal en armonización constitucional con la Fiscalía General de la Nación. No debe, pues, ser simplemente un funcionario intermedio, sino uno de altísimo nivel con el que se pueda trabajar contra la impunidad, se pueda respetar la autonomía de la justicia, pero igualmente sea cabeza de la descongestión de los despachos judiciales, tenga la audacia política de hacer entender que el crimen comienza por el estado contravencional en que vive y pervive Colombia, y que, sobre todo, comprenda que un país debe enraizar su Estado de Derecho al resolver las pequeñas causas e impedir la espiral hacia el crimen ascendente y organizado. Fortalecer decididamente el Derecho Civil, mejorar el Administrativo, auspiciar los institutos que beneficien la convivencia, como los jueces de paz o instancias prejudiciales de avenencia y acuerdo, debería ser propósito mayúsculo. Los que creen que la Justicia está constituida exclusiva y excluyentemente por causas penales no tienen idea de lo que trata el Estado de Derecho. De lo que se trata es de civilizar la vida en comunidad. Y en eso Esguerra tiene su reto principalísimo.
REDENCIONES PERPETUAS
Por HUGO QUINTERO BERNATE
“Significa una modificación radical de la legislación penitenciaria y carcelaria”
OTRA vez, ahora por unas declaraciones del secretario de la Conferencia Episcopal Colombiana, monseñor Juan Vicente Córdoba, donde se muestra aparentemente contrario al establecimiento de la pena de cadena perpetua para violadores de menores de edad, han aparecido, los consabidos titulares de prensa, aunque en esta ocasión con interpretaciones propias, pues mientras en unos medios se titula que la Iglesia se opone a semejante sanción, en otros se informa que otorga su aprobación. Si la Iglesia Católica siguiera siendo lo que fue, las declaraciones de monseñor Córdoba no ofrecerían duda. Y si no fuera por lo herético de la afirmación, podría decirse que Su Eminencia le prendió una vela a Dios y otra al diablo, como cualquier político en campaña, pues lo que terminó diciendo respecto de la cadena perpetua es que sí, pero que sería mejor que no, o por lo menos, no siempre.
Doña Gilma, que del drama infantil ha sabido montar su propia fiesta electoral, salió inmediatamente de su trinchera uriverde a contradecir a Monseñor en tanto afirmó que la Iglesia entendía necesaria la perpetuidad de la reclusión si ella ocurría en un centro psiquiátrico. Ella que no quiere oír hablar de “enfermos” ni de “enfermedades” que puedan ponerle trabas teóricas a su ideal maniqueo de existencia de una clase de gentes -varones siempre- eternamente malvados, protestó instintivamente.
El establecimiento de la cadena perpetua, que ya está adoptada de facto como lo demuestra Yesid Reyes en su más reciente columna, significa, entre otras cosas, una modificación radical de la legislación penitenciaria y carcelaria, y, sobre todo, el fracaso anticipado de un Estado que se autodefine como social de derecho para, intentar siquiera, la rehabilitación.
La propuesta de imponer la cadena perpetua como parte de las sanciones penales, no puede entenderse de manera aislada dentro del sistema penal colombiano. Su adopción será la manifiesta renuncia de algunos de los fines declarados de la pena, en tanto se reconoce que lo son la reinserción social y la protección del condenado. Y del internamiento penitenciario que, por lo menos teóricamente, se define como un “tratamiento” cuya función es la resocialización del condenado.
La imposición de una cadena perpetua es el reconocimiento anticipado del fracaso estatal en todos esos propósitos. De esa manera se termina por actualizar teorías superadas de delincuencias innatas o de estirpes naturalmente malvadas y pervertidas. Y, si esa es la nueva definición penal, no está errado monseñor Córdoba cuando reclama que semejantes atribuciones son más propias de un enfermo mental que de un delincuente, ocasional o consuetudinario.
Pero, además, es que cuando el Estado actúa así, desconoce hasta su propia experiencia, pues si bien es cierto la resocialización es más mito que certeza, un solo caso exitoso debería servir para seguirla intentando. Y el sistema penitenciario colombiano puede mostrar “egresados” exitosos que pontifican en algunos medios de comunicación. Eso puede hablar mal del país, pero habla muy bien del Inpec.
CONSENSO ESQUIVO EN REFORMA A LA JUSTICIA
Consejo de Estado se opone a eliminación del Consejo Superior de la Judicatura. Hoy también se hablará del precedente judicial.
ARRANCÓ SIN consensos la discusión de la reforma a la justicia entre el Gobierno y las altas Cortes ayer, antes que la iniciativa sea radicada el próximo 20 de julio.
El principal tema que se debatió ayer fue el de la reforma a la tutela, específicamente cuando es interpuesta contra sentencias judiciales. De hecho, las altas Cortes se han opuesto a que, tal como lo contempla el proyecto, la Corte Constitucional revise las impugnaciones de sus fallos.
De hecho, el ministro del Interior y Justicia, Germán Vargas, manifestó que las posiciones en la comisión interinstitucional para la reforma a la justicia siguen siendo distantes.
“Iniciamos por el tema más complejo: el de reglar o no la tutela, y las posiciones entre las diferentes Cortes siguen siendo muy distantes. No descartamos que en el transcurso de la reunión se logren aproximaciones. Ya iniciamos la segunda parte que es lo de la acción pública de inexequibilidad”, dijo el jefe de la cartera política.
Por su parte, el presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, se mostró confiado en que de la reunión salgan reglas claras en el tema de la tutela contra sentencia judicial.
“Es muy importante precisar que no hay ninguna clase de discusión sobre la importancia que tiene la acción de tutela, lo que ello reviste como un activo de todos los colombianos para obtener la efectividad de sus derechos. Donde hay alguna problemática es en el punto de la tutela contra sentencias judiciales. Es importante que de aquí salgan unas reglas ojala claras para facilitarle al país y todos los órganos que tengan competencia sobre el tema, el manejo del mismo sin sobresaltos y sin anormalidades”, aseguró el magistrado.
La falta de consensos en el tema de la tutela como en otros, fue resaltada por el saliente presidente del Congreso, Armando Benedetti, quien se mostró partidario de que la discusión se vaya directamente al Congreso.
“Actualmente no hay ningún acuerdo en esta reforma a la justicia. Llevan un año y ya es hora de que paren este tipo de reuniones y se vayan para el Congreso y sigan allá. Por otro lado, yo no creo que este tipo de reformas toquen la congestión judicial, ni mucho menos que los derechos fundamentales de los ciudadanos estén garantizados, pareciera más que se hable de la tutela, de cómo se nombran, de cuántos años, cuál es el fuero. Entre las mismas Cortes no se ponen de acuerdo quién cierra la tutela y al contrario pide cada uno defender sus funciones, lo que no tiene nada de malo, pero eso no le sirve de nada al ciudadano”, señaló el senador del Partido Social de Unidad Nacional (La U).
De otro lado, el jefe de la cartera del Interior y de Justicia destacó qué temas faltan por ser abordados, y que serán discutidos hoy en el último día en que se reúnen el Gobierno y las altas Cortes.
“Nos falta por abordar manejo y autonomía de la Rama, la eliminación o no del Consejo Superior de la Judicatura, tendremos que también estudiar el tema del precedente judicial como fuente de derecho y muchos otros aspectos controversiales”, afirmó Vargas.
En el tema de la supresión del Consejo Superior de la Judicatura, el consejero de Estado, Mauricio Fajardo, dijo que eso no le convendría a la autonomía de la Rama Judicial.
“El Consejo de Estado estima que resulta fundamental en la Constitución Política, mantener y en lo posible profundizar en todo aquello que tiene que ver con la autonomía de la Rama Judicial y de asegurar y garantizar la independencia para el cumplimiento de las funciones asignadas a los jueces de la República”, advirtió.
Vargas dijo que el 20 de julio se radicará la reforma “y lo haremos de la forma más franca, diciéndole al país y al propio Congreso, en qué aspectos hay coincidencias y en cuáles no, y como lo advirtió el Presidente, es el Legislador, en un debate muy amplio, que tendrá lugar a partir del 20 de julio, quien finalmente concertará o resolverá las discrepancias que existan y ojala acoger las coincidencias igualmente”.
CMI LA NOTICIA
SUPERSALUD REVELA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS EPS DEL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO
La Superintendencia de Salud reveló los estados financieros de las EPS del régimen subsidiado y contributivo, donde se evidencian las millonarias deudas que tienen con proveedores e incluso se hace evidente que algunas no cumplen con el patrimonio mínimo requerido para su funcionamiento.
Los estados financieros corresponden al primer trimestre de este año y revelan que las deudas que tienen las EPS del régimen contributivo, tanto por cuentas por pagar a proveedores, como por obligaciones financieras, ascienden a mas de 3,7 billones de pesos. Las siguientes EPS son las que mayores deudas presentan:
Saludcoop $ 891.000 millones
Nueva EPS $ 834. 700 millones
Coomeva $ 337.000 millones
Salud Total $ 307.000 millones
Sanitas $ 248. 400 millones
Entre tanto, las deudas de las EPS del régimen subsidiado ascienden a mas de $ 2,7 billones de pesos.
Caprecom $ 832. 200 millones
Asmet Salud $ 218.425 millones
Coosalud $ 141.000 millones
Solsalud $ 129.800 millones
El informe también revela que los recobros al primer trimestre por parte de las EPS del sector contributivo, suma $ 679.000 millones de pesos. Las que mas recobros han pasado son:
Nueva EPS $ 185.000 millones
Saludcoop $ 115.000 millones
Coomeva $ 80.900 millones
Sanitas $ 49.200 millones
Salud Total $ 30. 300 millones
Y en el régimen subsidiado los recobros ascienden a $ 312.000 millones de pesos:
Caprecom $ 94. 700 millones
Emssanar $ 65.700 millones
Ecoopsos $ 14.900 millones
Finalmente, las EPS que no cumplen con el patrimonio mínimo para operar y que están por debajo de los $ 5.350 millones de pesos que exige la Supersalud son:
Golden Group
Multimedicas S.A
Red Salud
La única EPS que no reportó esa información fue Humana Vivir .
Vale la pena destacar que no todas las EPS del régimen contributivo reportaron los estados financieros a la Supersalud.
MÁS DE CIEN FORMAS DE DEFRAUDAR AL SISTEMA DE SALUD IDENTIFICA LA CONTRALORÍA GENERAL
Dentro de los maniobras más comunes y que se emplean con mayor frecuencia está, en el régimen contributivo, la afiliación inflada que se logra a través de maniobras tales como la presencia de fallecidos en las bases de afiliación de las EPS, presencia de usuarios inexistentes, presencia de una misma persona varias veces en las bases de datos cambiando iniciales, nombres, modificación ilegales de sexo, edad y origen a usuarios.
Desviación de recursos y servicios, insumos o medicamentos que están en el Pos y que fueron cobrados como No Pos, recobros injustificados a través de tutelas para otorgar estos servicios, servicios no prestados a fallecidos, sobrecostos y medicamentos no entregados, son también algunas de las modalidades de fraude identificadas por la Contraloría.
Dentro de los riesgos que está evaluando la Contraloría General, están el incremento de gastos de salud para incrementar utilidades en entidades relacionadas no vigiladas o que estén fuera del país, así como la conformación de carteles y abuso de posición dominante, o gastos por encima del nivel permitido en la ley.
Negación o retardo de los servicios para no generar gastos en salud e incrementar la utilidad.
En el régimen subsidiado cobro de comisiones, envió de pacientes de EPS a IPS, realización de procedimientos médicos no autorizados en el POS subsidiado, rotación y traslado indebido de usuarios.
Las entidades que están siendo sujetos y objetos de control son el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Protección Social, la Supersalud, Fosyga, EPS del régimen contributivo y subsidiado.
Estas irregularidades están siendo investigadas por la Contraloría para establecer responsabilidades fiscales.
SIGUE SIN CONSENSO EL TEMA DE LA REFORMA POLÍTICA ENTRE EL GOBIERNO Y LAS ALTAS CORTES
El presidente del Congreso, Armando Benedetti, criticó que después de un año todavía no haya acuerdo entre las altas Cortes y el Gobierno para presentar un proyecto conjunto de reforma a la justicia.
Durante un encuentro entre el Ejecutivo y la Rama Judicial, que se realiza en el Ministerio del Interior para tratar de superar las diferencias, el senador se mostró partidario de no insistir más en reuniones para tratar de llegar a un consenso, sino en ir directamente al Congreso.
“El Gobierno ya no debe soslayar más el hecho de que llevan un año en mesas de negociación y no han llegada a nada, entonces que se vayan para el Congreso y allá se tomarán las decisiones del caso. No hay acuerdo sobre todo en el tema de la tutela”, señaló Benedetti.
Armando Benedetti sostuvo que el Gobierno y las Cortes están discutiendo temas que no son realmente importantes para la ciudadanía y para garantizar mayor efectividad de la justicia.
“Pareciera que se habla más de la tutela, de cómo se nombran, de cuántos años de periodo para los magistrados, pero tocan muy poco a los ciudadanos. Hay una cantidad de personas defendiendo sus fueros, pero eso no le sirve para nada a la gente”, comentó el presidente del Congreso.
Por su parte, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, sostuvo que hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo con las Cortes en temas tan sensibles como la acción de tutela.
“En el tema de la tutela las posiciones siguen siendo distantes, pero no descartamos que se logren aproximaciones. La ilusión es que cuando termine podamos tener aspectos definidos, porque la reforma se presentará el próximo 20 de julio”, indicó el ministro Vargas Lleras.
El presidente del Consejo de Estado, Mauricio Fajardo, también se refirió al tema y dijo que la idea es evitar que se sigan presentando los denominados 'choques de trenes' entre las altas Cortes por la aplicación de la tutela.
“En el tema de la tutela contra sentencia judicial lo que queremos es presentar una propuesta para llevarla al Congreso, y para ello estamos iniciando el análisis y esperamos que salgan unas reglas claras que faciliten el manejo de la misma”, afirmó el magistrado Fajardo.
Finalmente, el designado ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, sostuvo que es partidario de tratar de encontrar una solución al tema de las tutelas que se presentan contra sentencias judiciales, teniendo en cuenta a todas las partes implicadas.
“Soy partidario de que se siga discutiendo el tema de la tutela, de que tengamos en cuenta las razones de los unos y de los otros para ver qué resulta y qué es lo más conveniente. Por ahora no puedo anticipar una postura que resulte definitiva”, señaló Esguerra.
REVISTA SEMANA
SIETE RETOS QUE LE ESPERAN A JUAN CARLOS ESGUERRA
Cortesía Julián Sabogal - MIJJuan Carlos Esguerra (izq.), el nuevo ministro de Justicia, se estrenó como designado en la instalación de la mesa de concertación de la reforma judicial. En la imagen junto a su colega del Interior, Germán Vargas Lleras, y el presidente de la República Juan Manuel Santos.
Según la reforma del Estado, el Ministerio de Justicia ocupará el cuarto lugar en jerarquía. Más allá de la reforma a la justicia, el nuevo ministro tendrá en sus manos objetivos trascendentales para el Estado.
Juan Carlos Esguerra, quien fue ministro de Defensa durante parte del gobierno de Ernesto Samper (1995 - 1997), fue designado nuevo ministro de Justicia. La cartera, que se separará del Ministerio del Interior en los próximos días, supone para el nuevo ministro retos numerosos y muy concretos.
Esguerra, especialista en derecho administrativo y derecho constitucional, es abogado de la Universidad Javeriana, con especialización en Ciencias Socioeconómicas, y maestría en Derecho de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos.
Dice que tiene “enormes ganas de trabajar”, especialmente en las causas que, a su juicio, más conoce: “la justicia y el derecho”.
Entre los más complacidos con su designación está el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, quien se liberará de varias funciones con esta designación. Otro, el jefe del liberalismo, Rafael Pardo Rueda, partido que tras 12 años de oposición, volverá a tener representación en un gabinete ministerial.
Según la reforma del Estado, el Ministerio de Justicia ocupará el cuarto lugar en la jerarquía ministerial (después del Interior, Defensa y Relaciones Exteriores). Esa importancia le supone a Juan Carlos Esguerra afrontar estos siete retos.
La descongestión y el acceso a la justicia
Los ajustes al aparato judicial suponen el principal e inmediato objetivo del nuevo ministro.
Con la reforma a la justicia el Gobierno se traza dos propósitos: hacer más accesible la justicia a los ciudadanos y la descongestión de la rama.
Según la rendición de cuentas del Consejo Superior de la Judicatura, hasta diciembre del 2010, de 2.626.242 procesos, 1.040.380 no se han resuelto. Una congestión cercana al 50 por ciento.
Para afrontar estos temas, Esguerra tendrá que valerse de varios instrumentos legales, algunos hoy cursan como proyectos en el Congreso: el Código General del Proceso, la reforma a los jueces de paz, el Estatuto Arbitral que según el actual titular de la cartera, el ministro Germán Vargas Lleras, son instrumentos que ayudarán a la descongestión de los despachos en todas las jurisdicciones.
Y en cuanto al fácil acceso, el nuevo ministro deberá instrumentar la política de descentralización de la justicia, una idea que viene del gobierno anterior y que aún no se ha materializado, que consiste en dividir por centros de servicio judicial a las ciudades con más de 100.000 habitantes, según le explicó a Semana.com el exviceministro de Justicia Guillermo Reyes.
Este lunes, luego de ser designado, Esguerra también dio su propio diagnóstico de la congestión judicial y aseguró que en buena parte los abogados “hemos sido” la causa de este problema.
“Algunos abogados son también culpables de la congestión judicial porque creen que en eso, en la congestión y la dilación, está la verdadera defensa de los intereses de sus clientes”, dijo Esguerra al invitar a las facultades de Derecho a depurar a sus alumnos y al actual Consejo Superior de la Judicatura a adoptar medidas disciplinarias.
El Gobierno, en cabeza del presidente Juan Manuel Santos, ha dicho que tiene presupuesto para nombrar un gerente que ayude a descongestionar la rama.
El consenso de la reforma a la justicia
Está previsto que la reforma hará varios ajustes a la estructura de la rama y tocará temas muy controvertidos para las altas cortes, Esguerra tendrá la misión de encontrar los máximos consensos con los magistrados.
Temas neurálgicos que tendrá que negociar con ellos son la reglamentación de la tutela (que ponga fin a los frecuentes ‘choques de trenes’ por cuenta de tutelas contra sentencias judiciales); la función electoral de las altas cortes (el Gobierno propone eliminar las competencias en la elección de procurador y contralor general, y que sea la Corte Suprema la que terne al Fiscal general para que lo designe el presidente de la República); y la reforma a las investigaciones y juicios contra funcionados aforados (congresistas y magistrados).
El Gobierno ya anunció que aunque intentará los máximos consensos con las altas cortes, la reforma se tramitará “sí o sí” a partir del 20 de julio en el Congreso de la República.
Allí, el nuevo ministro también tendrá que buscar los consensos entre los partidos políticos, aunque esa función principal le corresponde al ministro del Interior.
La reforma a la justicia ha sido quizá la asignatura pendiente tras la Constitución de 1991. Desde cuando se intentaron los ajustes, en el año 2002, ningún ministro del Interior y de Justicia ha conseguido sacarla adelante en el Congreso. Fernando Londoño, Sabas Pretelt, Carlos Holguín y Fabio Valencia Cossio, encargados del Interior y la Justicia, no consiguieron los mínimos consensos.
La apuesta del presidente Santos es que dos ministros por fin la consigan. A favor de Esguerra: ha sido, como asesor del Gobierno, una de las personas más empapadas en el tema.
Interlocución con la rama judicial
El nuevo ministro de Justicia será el encargado de la interlocución entre el poder ejecutivo y el judicial. Aunque el actual gobierno recompuso las relaciones con la rama judicial -maltrechas por las confrontaciones públicas del gobierno Uribe-, Juan Carlos Esguerra deberá mantener el actual ambiente, que está soportado en la no confrontación de decisiones judiciales por parte del Gobierno.
Pero en la interlocución, el reto para Esguerra, según Guillermo Reyes, es que el ministerio vuelva a ser el verdadero interlocutor de la rama, una situación que ha estado en manos del ministro del Interior de turno, pero como una de sus tantas funciones.
En este sentido, el nuevo ministro tendrá que defender las inquietudes de la rama judicial, especialmente en cuanto a su autonomía presupuestal.
Han sido reiterados los llamados de atención de los presidentes de las altas cortes sobre que los verdaderos problemas de la justicia no sólo pasan por su falta de presupuesto, también por la autonomía en la materia. Una inquietud que han reiterado las cortes en sus recientes encuentros con el presidente Santos.
Por eso, Esguerra tendrá que defender un aumento de presupuesto que tenga que ser incluido por el Ministro de Hacienda en los proyectos presupuestales que cada año le corresponde presentar al Gobierno, así como los proyectos y leyes vigentes que a través de impuestos (caso del arancel judicial) permitan recaudar fondos exclusivos y autónomos para la rama judicial.
Justicia transicional y fortalecimiento de la Fiscalía
Juan Carlos Esguerra también tendrá que ocuparse del proceso de justicia y paz que permitió la desmovilización de miembros de grupos armados ilegales y que, en cinco años de aplicación, aún tiene fallas estructurales como lo ha alertado, recientemente, la Comisión de Paz del Congreso de la República.
Una reforma a la ley de justicia y paz, especialmente en los términos de su vigencia, para que no sean excarcelados algunos de los desmovilizados cobijados con esa ley antes de cumplir con sus compromisos de verdad y reparación.
También, la reforma a este mecanismo de justicia transicional se deberá adaptar para que miembros de grupos ilegales puedan acogerse y desmovilizarse, pues actualmente la ley señala que no se beneficiarán quienes dejen las armas después del 2005.
El ministerio de Justicia tendrá, en su nueva estructura, precisamente un viceministerio de justicia transicional.
El exviceministro Guillermo Reyes también advierte que Esguerra deberá ocuparse del fortalecimiento de la Fiscalía, y no sólo para este proceso. Son retos el aumento de personal de algunas unidades especiales de la Fiscalía que tienen acumuladas numerosas investigaciones, una de ellas la de Justicia y Paz, que de casi 3.000 investigados, sólo ha conseguido la condena de cuatro desmovilizados.
Diseño de la Política Criminal
El Gobierno, según la Constitución, es el encargado de liderar y diseñar, junto con las demás entidades del Estado, la política criminal. Está será una misión encomendada de forma exclusiva al ministerio de Justicia.
Se trata del diseño de las estrategias legales, como política de Estado, para enfrentar el crimen y el delito.
Según el senador Jesús Ignacio García (liberal), una de las peores consecuencias de la fusión de los ministerios en el 2002 fue que el diseño de esta estrategia careció de líder y doliente.
Por eso, dice el congresista, Colombia hoy no tiene clara su política criminal, pues, décadas atrás, en el país se había privilegiado un derecho penal laxo, en donde primaban mecanismos jurídicos como la rebaja de penas, el principio de oportunidad, a cambio de la confesión y la colaboración con la justicia.
Esa política facilitó procesos de desmovilización con paramilitares o la lucha contra los carteles del narcotráfico en las décadas de los 80 y 90.
Pero la falta de una política criminal coherente, dice García, permitió que hoy se privilegie el camino del endurecimiento de las penas, en una especie de “populismo punitivo”, para cualquier caso de delito. Casos como los proyectos de elevar penas a conductores ebrios, o hasta imponer cadenas perpetuas a violadores, son iniciativas que demuestran que no hay política criminal clara.
El nuevo ministro de Justicia será el encargado de orientar este tema y definir si el Estado escoge la vía del derecho penal laxo o los sustituye por uno más drástico. “El ministerio de Justicia deberá recuperar ese papel protagónico del Gobierno en la política criminal del Estado”, dice Guillermo Reyes.
Fin a la corrupción
Algunas instituciones que han atravesado por irregularidades y corrupción y adscritas al Ministerio del Interior pasarán a la jurisdicción de la cartera de justicia.
Luego de la liquidación de la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE), el ministerio de Justicia asumirá las funciones del diseño de la política contra las drogas.
Esguerra tendrá que impulsar en el Congreso el nuevo código de estupefacientes, un proyecto que pretende actualizar la Ley 30 de 1986, y que, según lo anunció el ministro Germán Vargas Lleras, también será presentada después del 20 de julio.
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), que también será objeto de reformas, pasará a la jurisdicción de la justicia. Por eso, Esguerra deberá impulsar no sólo la reforma administrativa de esta institución, también el nuevo código penitenciario y carcelario, un proyecto de ley que también será abordado por el Congreso.
Defensa de la Nación
Y de no menos trascendencia, Juan Carlos Esguerra deberá a orientar la estrategia del Gobierno para la defensa jurídica de la Nación.
Un reciente informe de la Corporación Excelencia en la Justicia señala que las pretensiones económicas en las demandas contra el Estado han oscilado entre 63 billones y 129 billones de pesos durante los últimos cuatro años, siendo el 2007 en el que alcanzaron su monto inferior y el 2009 cuando llegaron al punto máximo.
Este estudio se hizo excluyendo un proceso que cursa actualmente contra el Ministerio de Agricultura (iniciado antes del año 2006), cuyas pretensiones alcanzan los 594 billones de pesos, cifra que incluso supera la totalidad de los activos del Estado colombiano, calculados en 320 billones de pesos para junio del 2010, según le explicó a Semana.com el exviceministro de Justicia Guillermo Reyes.
El Gobierno, en la reforma al Estado, creará la Agencia de defensa Jurídica de la Nación, que estará bajo la orientación del ministro de Justicia. Reyes dice que Esguerra será el encargado de crear este equipo que debe tener a abogados litigantes de altas capacidades, muy bien remunerados y que logren cambiar la idea de que las demandas contra la Nación son causa perdida para el Estado.
Lo que tiene por delante Juan Carlos Esguerra es trabajo. Muchos expertos advierten que las funciones que tendrá el nuevo ministerio de la Justicia demuestra que fue un error haber fusionado sus competencias con la cartera del Interior.